LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS EN ANDALUCIA

20.10.2018

La regularización de viviendas masiva en Andalucía que comenzó a gestarse en 2002 para solucionar los graves problemas existentes en buena parte del territorio está atascada en la normativa urbanística.

La intervención de varias administraciones para dar respuesta a la problemática eterniza las soluciones en muchos puntos de la región. Según los datos de la Secretaría General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, sólo el 50% de los 776 municipios andaluces están en disposición de ajustarse a las peticiones de decreto de regularización. Legalización de la que no hay datos fiables. «La proyección que hicimos nos arrojó que en la comunidad había 250.000 viviendas con problemas», explica a ABC Rafael Márquez, secretario general andaluz de Ordenación del Territorio, que reconoce que la administración andaluza no sabe el número exacto de municipios que tienen viviendas irregulares. «Habrá algunos que no estén haciendo nada y otros que no tengan que hacerlo, pero no tenemos cifras», apostilla.

Son los pocos datos oficiales que la administración autonómica es capaz de ofrecer. La última reforma del decreto de 2002 se produjo en agosto del año pasado y dio un plazo de dos años a los ayuntamientos para hacer un diagnóstico de la situación, por lo que la Junta dice ahora que están en «un período de espera». «Hay que dejar que pase el tiempo y que los municipios trabajen, para después acercarnos y aportar buenas soluciones», sentencia Márquez, quien explica que hay zonas de Andalucía donde la situación ya está controlada, como en el Valle del Almanzora, donde el 78 por ciento de los problemas están resueltos. Sin embargo, también reconoce que hay lugares a la espera de un Plan General de Ordenación Urbana que no tienen solución.

El problema reside en que todas las propiedades no se pueden regularizar de la misma manera. La Junta de Andalucía contempla tres tipologías de casa irregulares, recogidas durante las 12 reformas que ha sufrido el decreto en 15 años. Por un lado, están los diseminados, como el caso de La Carlota (Córdoba), que está tramitando la solución. Por otro, asentamientos como en Carmona (Sevilla) con un grupo de vecinos que llevan 30 años luchando por estar dentro de ordenación. «Se les puede dar una licencia provisional de uso, que sirve para contratar los servicios básicos», señala Márquez, quien explica que la solución final está en un nuevo PGOU. Y, por último, aparecen los asentamientos aislados, como es el caso de la Axarquía malagueña, que es la zona con más viviendas irregulares de Andalucía, y que tiene sólo la mitad de sus casos conocidos con una solución en marcha.

Casos posibles

Las primeras estimaciones hechas en 2002 hablaban de que sólo 25.000 propiedades podrían ser legalizadas. Pese a la cifra, los expertos apuntan a que pueden legalizarse, tras las reformas, todas las edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables, declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. «Sólo en Chiclana se estimaba que podrían regularizarse 16.550 casas», reseña Antonio García-Berbel, abogado especialista, que apunta que «no se podrán regularizar en torno al 10 o 15 por ciento de las que hay». Números que podrían ser mayores si la administración recoge la petición de las asociaciones vecinales de elevar los años de antigüedad y revisar los expedientes de demolición. «Es una economía sumergida que nadie puede cuantificar, igual que el dinero negro» afirma.

Antonio García-Berbel es Abogado y socio del Despacho Berbel-Abogados.

Fuente: https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-regularizacion-viviendas-andalucia-eterniza-lentitud-burocratica-201703040750_noticia.html/