Qué cambios legislativos propone la Fiscalía
El Ministerio Público señala en su memoria anual una serie de normativas que deberían revisarse al quedar demostrado su falta de efectividad.
El progresivo descenso del acoso escolar, el aumento de los incendios intencionados, los delitos contra la Corona o de gasto público o la alegalidad de los patinetes electrónicos. Éstos son algunos de los temas de interés que aparecen reflejados en la Memoria 2018 de la Fiscalía General del Estado y que pide que el Ejecutivo resuelva con urgencia.
Sin embargo, esta institución no sólo centra su informe anual en presentar datos estadísticos sobre delitos e infracciones, sino que también solicita cambios normativos de calado frente a leyes que, desde su punto de vista, están desfasadas o han demostrado no funcionar correctamente.
Euroorden
La Fiscalía denuncia en su memoria anual que el sistema de las euroórdenes -petición europea de detención y entrega que pueden emitir los Estados miembros de la UE- es deficiente y cuenta con diferentes debilidades. El Ministerio Público apunta que mientras que la orden europea de detención funciona bien, la implementación no es satisfactoria. La Fiscalía entiende que las tareas de valoración que se realizaron en el caso de los independentistas huidos, como Carles Puigdemont, evidencia una quiebra en el principio de confianza mutua de los sistemas judiciales, lo que debería llevar a un profundo análisis para que sea corregido en el futuro.
Plazos de instrucción
La Fiscalía sigue buscando soluciones para superar los problemas derivados de la reforma sobre los plazos máximos de la fase de instrucción. Según destaca, el modelo vigente ha generado una notable inseguridad jurídica, provocando resoluciones dispares y no ha sido eficaz ni eficiente. Frente a esta realidad, la Fiscalía propone a Justicia que se derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), puesto que "la respuesta a la situación actual exige algo más que una mera 'reforma de la reforma', sino el diseño de un nuevo sistema".
Se propone un modelo de control de plazos que contenga los siguientes elementos: fijación de un plazo inicial para la instrucción; posibilidad de prórroga de ese plazo: cómputo de plazos; y fijación de un límite máximo para la instrucción.
Ley del Jurado
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado se puso en cuestión la pertinencia de incluir en el catálogo de infracciones penales, competencia de dicho tribunal, los delitos de amenazas, la omisión del deber de socorro y el allanamiento de morada. Por eso, la Fiscalía pide un cambio legislativo urgente que suprima esas mismas infracciones, igual que se hizo en su día con el delito de incendio forestal.
Juicios rápidos
Otro asunto de interés para el Ministerio Fiscal son los juicios rápidos y los casos que se pueden tratar en los mismos. Desde la Fiscalía Provincial de Madrid consideran necesario ampliar el ámbito de aplicación de estos procedimientos -se limita a los delitos castigados con penas de prisión inferiores a cinco años- e incluir los flagrantes o de sencilla tramitación como los de robo en casa habitada y de revelación de secretos. Desde La Rioja, también piden que las infracciones claras en las que se alcance un acuerdo entre las partes se puedan tramitar como juicio rápido.
Escuchas telefónicas
La Fiscalía General del Estado también pide que se reforme el poco flexible sistema para poder realizar escuchas telefónicas. Solicita que se permita la adopción de "la medida por la simple concurrencia de indicios racionales de criminalidad en la conducta, limitando, eso sí, el plazo durante el cual podría estar vigente la medida". La Memoria 2018 insiste en que esto facilitaría la labor policial, que podría diseñar su investigación sin condicionarla a encuentros concretos de los investigados.
Protección de testigos
La institución destaca que resultaría muy oportuno la creación y regulación de un organismo o entidad que se encargue de precisar las medidas de protección que se deban aplicar frente a cada uno de los testigos de una causa. En los casos más serios, indica la Fiscalía, sería esencial llevar a cabo un adecuado seguimiento de las decisiones tomadas para solventar los posibles problemas que vayan surgiendo.
Fuente: Expansión.